Dos atentados en menos de 24 horas en Cali y Palmira, atribuidos a estructuras de disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco, reactivan las alertas sobre seguridad y el impacto del conflicto en la población civil.
El Valle del Cauca volvió a convertirse en escenario del conflicto armado. En menos de 24 horas, dos ataques con explosivos dirigidos contra instalaciones militares en Cali y Palmira sacudieron la región y encendieron las alarmas de las autoridades.
El más reciente ocurrió en Palmira, donde un carro bomba fue detonado contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi. Aunque no dejó víctimas fatales ni heridos, sí generó daños materiales y, sobre todo, una sensación de vulnerabilidad que vuelve a instalarse entre la población.
Horas antes, en Cali, un microbús cargado con explosivos había sido activado contra el Batallón Pichincha. El patrón es claro: ataques coordinados, dirigidos a la Fuerza Pública, pero con efectos que inevitablemente alcanzan a la ciudadanía.
El fantasma de la guerra que no se ha ido
Las autoridades apuntan a estructuras de las disidencias de las FARC, particularmente a la columna Jaime Martínez, vinculada a Iván Mordisco, como responsables de estos hechos.
Este tipo de acciones no son aisladas. Forman parte de una estrategia de presión armada en regiones clave del suroccidente, donde el control territorial, las economías ilegales y la disputa por corredores estratégicos siguen marcando la dinámica del conflicto.
Aunque los ataques en el Valle no dejaron víctimas, el contexto regional es más grave. En el vecino Cauca, un atentado reciente con explosivos dejó al menos 20 muertos, en su mayoría campesinos, lo que evidencia que la violencia no distingue entre objetivos militares y población civil.
Entre la infraestructura militar y la vida cotidiana
Uno de los elementos más preocupantes de estos hechos es su proximidad a zonas urbanas. La detonación de vehículos cargados con explosivos en ciudades como Cali o municipios densamente poblados como Palmira no solo impacta instalaciones militares, sino que pone en riesgo directo a comunidades enteras.
Las imágenes que circularon tras la explosión en Palmira muestran la magnitud del ataque: vehículos destruidos, estructuras afectadas y una comunidad que, aunque salió ilesa físicamente, queda expuesta a un clima de incertidumbre.
Este tipo de acciones refuerza una sensación persistente en varias regiones del país: la guerra no ha terminado, solo ha cambiado de forma.
El miedo vuelve a la vida diaria
Más allá de los daños materiales, el efecto principal de estos atentados es psicológico y social. La población civil vuelve a quedar en medio de un conflicto que parecía contenido, pero que sigue activo en múltiples territorios.
La frase que resuena desde comunidades afectadas en el Cauca —“no merecemos morir de manera violenta”— sintetiza el sentimiento de muchas regiones del suroccidente colombiano. Es una demanda básica, pero aún no garantizada: vivir sin miedo.
En departamentos como Valle y Cauca, donde convergen conflictos históricos, economías ilegales y presencia estatal desigual, cada atentado profundiza la desconfianza y la sensación de abandono.
Un desafío para el Estado y la paz
Los ataques recientes plantean un reto directo para la política de seguridad y los esfuerzos de paz. La persistencia de acciones armadas por parte de grupos disidentes evidencia las dificultades para consolidar el control territorial y avanzar en procesos de negociación efectivos.
El país enfrenta así una tensión estructural: mientras se buscan salidas dialogadas al conflicto, en varias regiones la violencia sigue marcando la cotidianidad.
Entre la resistencia y la incertidumbre
Lo ocurrido en el Valle del Cauca no es solo un episodio de orden público. Es un recordatorio de que el conflicto armado sigue presente y de que sus efectos recaen, una vez más, sobre la población civil.
En medio de la incertidumbre, las comunidades continúan resistiendo. Pero cada explosión, cada ataque, deja una pregunta abierta: cuánto más puede sostenerse esa resistencia sin respuestas estructurales que garanticen seguridad y dignidad en los territorios.
