El Ejecutivo anunció una nueva evaluación de los esquemas de protección para quienes se inscriban como aspirantes a la Presidencia. Las medidas dependerán del nivel de riesgo identificado por la Unidad Nacional de Protección.
La decisión se tomó durante una sesión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), en la que se evaluó el estado de los esquemas de seguridad asignados a los aspirantes que participaron en las consultas interpartidistas y que ahora entran en la etapa formal de la campaña presidencial.
Según el Ejecutivo, los dispositivos de protección serán revisados nuevamente una vez los candidatos oficialicen su inscripción ante la autoridad electoral.
Contexto: seguridad y elecciones en Colombia
La seguridad de los candidatos ha sido históricamente un tema sensible en Colombia. La violencia política ha marcado diversos momentos de la vida democrática del país, desde los magnicidios de finales del siglo XX hasta los ataques contra líderes sociales y candidatos regionales en distintas elecciones.
En ese contexto, el Estado ha desarrollado mecanismos institucionales para evaluar riesgos y asignar esquemas de protección durante los procesos electorales. Uno de ellos es el CORMPE, instancia encargada de coordinar las medidas de seguridad para candidatos y actores políticos.
La protección suele ser gestionada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que analiza el nivel de riesgo de cada persona y define el tipo de esquema necesario, que puede incluir escoltas, vehículos blindados, equipos de comunicación y otras medidas.
Ajustes tras las consultas interpartidistas
Durante la sesión del CORMPE, el Gobierno revisó los esquemas asignados durante la fase de precampaña, especialmente aquellos otorgados en el marco de las consultas interpartidistas.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que algunas medidas extraordinarias implementadas en esa etapa serán ajustadas, ya que estaban vinculadas exclusivamente a la condición de precandidatos en ese proceso político.
Sin embargo, el funcionario aclaró que los esquemas de protección ordinarios que ya tenían estas personas continúan vigentes.
“Las medidas de protección se asignan de acuerdo con el nivel de riesgo de cada persona y no únicamente por su aspiración política”
Señaló Benedetti.
El ministro también indicó que cualquier ciudadano que considere que su situación de seguridad ha cambiado puede solicitar una nueva evaluación a través del procedimiento regular de la UNP.
Refuerzo para los candidatos que ganaron las consultas
El Gobierno informó que ya se adoptaron medidas adicionales de seguridad para los tres candidatos que resultaron ganadores en las consultas interpartidistas.
El objetivo, según el Ejecutivo, es garantizar su integridad durante la etapa de campaña, que suele implicar mayores desplazamientos por el territorio nacional y mayor exposición pública.
Además, se anunció que el próximo martes se realizará una nueva sesión del CORMPE para evaluar las condiciones de seguridad de los aspirantes que formalicen su inscripción ante la autoridad electoral, junto con sus fórmulas vicepresidenciales.
Impacto en el proceso democrático
El Gobierno sostiene que el despliegue de medidas de seguridad para los actores políticos representa uno de los mayores esfuerzos institucionales en materia de protección electoral en los últimos años.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, meses antes del inicio formal de la campaña presidencial ya se habían dispuesto medidas de seguridad para:
- 64 precandidatos presidenciales
- Más de 400 candidatos al Congreso
- 91 aspirantes de circunscripciones especiales
Estas cifras reflejan la magnitud del dispositivo de protección implementado en el actual ciclo electoral.
Benedetti calificó el operativo como un “esfuerzo histórico del Estado colombiano” para garantizar que la competencia política se desarrolle con condiciones de seguridad.
A medida que avanza el calendario electoral, la seguridad de los candidatos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda institucional.
La revisión de los esquemas de protección busca prevenir riesgos en un contexto donde la campaña presidencial implica recorridos por regiones con realidades de seguridad diversas.
El reto para el Estado será garantizar que todos los aspirantes puedan participar en igualdad de condiciones, sin que amenazas o riesgos de violencia interfieran en el ejercicio democrático.
