Hay cifras que funcionan como termómetro del Estado. En Colombia, las tutelas lo son. Y el dato más reciente vuelve a encender alertas.
Más de 312 mil acciones de tutela en apenas dos años, con un 34 por ciento concentrado en el derecho a la salud, no hablan de casos aislados ni de abusos del mecanismo judicial. Hablan de un sistema que no está resolviendo lo básico.
Que la salud sea el segundo motivo de tutela en el país no es un accidente. Es la expresión repetida de una falla que se volvió estructural.
Cuando el acceso depende de un juez
La tutela, pensada como un mecanismo excepcional, terminó convertida en una puerta de entrada regular al sistema de salud.
Lo que muestran las cifras es que miles de personas no logran acceder a tratamientos, medicamentos o procedimientos sino después de un proceso judicial. En 2024, cerca del 40 por ciento de los ciudadanos reportó no haber recibido atención completa o haberla recibido de manera parcial.
Eso implica algo más que congestión en los despachos. Implica que el acceso a la salud dejó de ser oportuno y pasó a depender, en muchos casos, de la capacidad de insistir, reclamar y litigar.
Pagar más por recibir menos
El deterioro no se limita al acceso. También se siente en el bolsillo.
El gasto directo de los hogares en salud alcanzó el 17,2 por ciento, el nivel más alto registrado en el país. Es decir, mientras el sistema presenta dificultades para garantizar servicios, las familias están asumiendo una mayor carga económica para resolver lo que debería estar cubierto.
La paradoja es evidente. En el mismo contexto en que los usuarios enfrentan escasez de medicamentos y barreras de atención, el sector farmacéutico reporta crecimiento. Esa tensión abre preguntas sobre regulación, distribución y prioridades dentro del sistema.
Una crisis que ya no es coyuntural
Las advertencias de la Defensoría del Pueblo no son nuevas, pero sí más insistentes. Lo que antes se describía como dificultades operativas hoy se reconoce como una crisis más profunda.
No se trata únicamente de problemas financieros o administrativos. El modelo mismo muestra señales de agotamiento en su capacidad para garantizar el derecho a la salud de manera efectiva y equitativa.
En ese contexto, la discusión sobre una reforma deja de ser una bandera política y se convierte en una necesidad práctica.
Lo que viene no admite más espera
El próximo gobierno heredará un sistema tensionado, con usuarios más empobrecidos, mayor judicialización y crecientes brechas de acceso.
El reto no es menor. Implica corregir fallas acumuladas durante años sin interrumpir la prestación del servicio. También exige tomar decisiones que inevitablemente tocarán intereses económicos y políticos.
Mientras tanto, la realidad sigue su curso. Cada tutela presentada no es solo un trámite judicial. Es, en muchos casos, la evidencia de que el sistema falló antes de que alguien decidiera acudir a un juez.
